En el 2016 el Consejo Superior de la Universidad de los Andes declaró que: “desde su fundación y conforme a su misión, es una voluntad y responsabilidad institucional prevenir, sancionar y rechazar toda forma de amenaza, acoso, matoneo, maltrato o discriminación en contra de cualquier miembro de su comunidad universitaria, en lo referente a raza, color, origen nacional o étnico, clase, género, edad, discapacidad, religión, fenotipo, estado civil, orientación sexual e identidad de género, entre otras similares e inherentes. Lo anterior incluye cualquier práctica de acoso y violencia de carácter sexual”.
Ahora bien, dicha declaración responde no solo a una voluntad institucional, sino a la instrucción legal y constitucional de detectar, prevenir, atender, investigar y sancionar actos que constituyan violaciones de derechos humanos, amenazas, acosos o atentados contra la integridad física, psíquica o moral entre quienes integran la comunidad uniandina. Lo anterior se traduce en que la Universidad de los Andes debe brindar espacios de educación y trabajo seguros, sanos y libres de toda forma de maltrato, acoso, amenaza, discriminación y violencias basadas en género (en adelante conductas MAAD).